Estudio Jurídico Araúz

Por: Gessenia Gómez - Pasante

 

A lo largo de los últimos años hemos observado como el transporte público, en especial los llamados Diablo Rojos, se han apoderado de la vida de muchas personas inocentes que de alguna u otra manera han sido víctimas de estos irresponsables al volante. Sin remontarnos a décadas anteriores, la desgracia ocurrida en Las Garzas de Pacora, y sin nombrar la ocurrida en La Cresta el pasado 23 de Octubre de 2006 son signos visibles de que el transporte público en este país ha colapsado.

 

¿Pero cuántas víctimas más son necesarias para que el Estado tome decisiones definitivas para con este tema?. La verdad es que ningún gobierno ha tenido la suficiente firmeza para reformar la actual Ley de Transporte Público, que mas allá de salvaguardar a sus usuarios, protege el bolsillo de muchos dirigentes transportistas corruptos que al ver que se acerca su hora final, buscan excusas como el pasado paro convocado por la CANATRA (Cámara Nacional de Transporte de Panamá) el 11 de Agosto de 2009, donde explican ellos, se sienten excluidos en las tomas de decisiones del nuevo Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli.

 

A mi parecer se podrían implementar lo siguiente:

a) Eliminar por completo el sistema de autobuses obsoletos con el que contamos en la actualidad, o exigir que los autobuses no sean los que han sido desechados en otros países;

b) Que exista mayor fiscalización por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, y que dichos fiscalizadores sean personas debidamente calificadas;

c) Que los requisitos para que una persona obtenga una licencia de tipo comercial sean más rígidos, y a su vez se le realicen pruebas de alcohol y antidoping constantemente, como se esta haciendo en la actualidad, para así garantizar que las personas que están frente al volante, sean personas idóneas;

d) Y por último, y más importante a mi parecer, es que se cree una institución del estado que se dedique a administrar el Transporte Público.

 

 Mas allá de buscar culpables o no, creo que es un derecho de todo ciudadano panameño exigir su seguridad, mas aún cuando es un deber del Estado proporcionarla.