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Por: Lic. Pablo R. Salcedo Q.- Encargado de Litigios y Asuntos de Familia-Estudio Jurídico Araúz.
Resulta... sorprendente como hace pocas semanas salía en la portada de uno de los diarios de circulación nacional, la foto de autos Lexus, Toyota y de otras marcas, simplemente dejados al abandono: Eran los vehículos entregados al Ministerio Público. Confiscados en los casos de Blanqueo de Capital y Delitos Relacionados con Drogas.No es la primera vez que me causa extrañeza y más bien enojo, el pensar, cómo es posible que en muchas ocasiones se le diga a la comunidad que no hay dinero ni locales para cumplir con obras de interés social, cuando existen bienes muebles y lo peor inmuebles, dejados simplemente al abandono, que el paso del tiempo los destruya.
En la actualidad, existe una ley que le otorga la facultad al Ministerio Público de cautelar los bienes, administrarlos y hasta venderlos a favor de proyectos que beneficiaran la lucha en contra del narcotráfico, por lo cual gran parte del dinero que se recaudaría iría a manos de CONAPRED, organismo integrado al Ministerio Público.
Pues resulta ser que, en la actualidad existe un Proyecto de Ley que le quita prácticamente el poder anteriormente otorgado al Ministerio Público y se lo entrega directamente al Ministerio de Economía y Finanzas y saben que, independientemente de línea gubernamental o política que exista en éste momento, lo que quiero decir, sin darles favor o contra a los que están hoy en día en el gobierno, estoy de acuerdo con tal iniciativa, puesto que considero que en su momento el Ministerio Público ha tenido toda la oportunidad de poner en beneficio de la comunidad los recursos que serían la utilización de vehículos, incluso la venta de los mismos o la venta de los inmuebles incautados y simplemente ha dejado que pase el tiempo y se deterioren.
Inmuebles de hace más de dos (2) décadas salen en los medios de comunicación, simplemente dejados al olvido, miles y miles de dólares que el pueblo no ve en su provecho. Igual los vehículos…¿Por qué no se venden los Lexus, Mercedes Benz y demás autos de lujos incautados a los narcotraficantes y simplemente se dejan dañar?
TODO PASA los años, los gobiernos, los Ministros y Procuradores que tienen en sus manos la oportunidad de poner todos esos bienes malogrados que otros han ganado en indebida forma a favor de los más necesitados e incluso a favor de la utilización más adecuada de los recursos, para de ésta forma abaratar los costos y gastos gubernamentales y para utilizar ese beneficio a favor de las grandes mayorías y TODO QUEDA en nada.
El proyecto de Ley que modifica la Ley 23 de 1986 sobre Bienes Aprehendidos establece entre otras cosas PLAZOS en los que la autoridad debe pronunciarse y no esperar a que los bienes incautados se deterioren. Mi experiencia propia: He visto como un edificio de 5 pisos, fue incautado pocos meses después de abrir en el mismo un hotel...han pasado más de 8 años y el edificio fue desbalijado y se ha ido deteriorando con el tiempo, cuando perfectamente la autoridad o el gobierno pudo ponerlo a disposición de oficinas públicas en el pueblo en donde está ubicado…ah¡¡¡ pero no. Lo que han hecho los gobiernos que han estado en su turno y en su momento ha sido alquilar inmuebles privados para colocar en ellos las oficinas públicas que están en el pequeño pueblo……Qué les pasa¡
Otra de las cosas que incorpora el proyecto de ley mencionado, es que el funcionario de instrucción que lleve el proceso relacionado con el bien aprehendido debe comunicarlo a la mayor brevedad posible al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS para que, preserve el bien y en su defecto lo VENDA DE MANERA INMEDIATA de acuerdo con las disposiciones legales que rigen los actos de contratación pública.
Es claro el proyecto cuando señala y hace énfasis en lo que hemos manifestado hasta el momento cuando señala:
“Cuando la aprehensión recaiga sobre bienes que puedan dañarse o deteriorarse, el funcionario de instrucción los pondrá en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que previo avalúo, procederá a su venta con la mayor brevedad posible, en la forma antes descrita.”
Finalmente, con respecto a los aspectos relevantes que hemos notado del proyecto de ley antes comentado, está el hecho de que, la ley 23 de 1986 establecía que los dineros y valores que hayan sido utilizados o provengan de la comisión de alguna de los delitos a lo que esa ley se refiere, serían destinados a un fondo que destinaría CONAPRED (COMISIÓN NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS) para campañas y a los programas de prevención, rehabilitación y represión de las actividades relacionadas con drogas, desarrolladas por todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el tema.
Con respecto a lo mencionado en el párrafo que antecede, ahora con el proyecto de ley, solo se le daría a CONAPRED el 30% de esos dineros y valores y el 70% restante se destinará por parte del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS a fortalecer económicamente los estamentos de seguridad de la Fuerza Pública, bajo la responsabilidad de Gobierno y Justicia; esto también nos parece bien que ocurra. Se le dio la oportunidad a CONAPRED y al MINISTERIO PUBLICO de utilizar los recursos, debidamente autorizados por la ley, en pro de la comunidad y hasta el momento no se ha visto nada.
Esperamos que de ser aprobado el proyecto, está vez el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS utilice, venda los bienes muebles e inmuebles y no deje que se deterioren para luego decir que no tuvieron la oportunidad de hacer nada. Que la comunidad vea que el crimen no paga. Y que si se les incautan los bienes malogrados a través de actividades ilícitas, esos bienes van a revertir en beneficio de las grandes mayorías y de los más necesitados del pueblo panameño.
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Hola:
Aplaudo la iniciativa de ustedes, de poner a disposición de los que desconocemos las leyes, este boletín.
He leído este interesante artículo y concuerdo con el autor en casi todos los puntos. Pero sugiero que investigue un poco cuán largo es o era el poder de la CONAPRED para hacer uso de los bienes incautados. Recordemos que esta comisión está integrada por miembros de diferentes instituciones, quienes como junta directiva imparten las directrices que deberá ejecutar el Director Ejecutivo.
Si está Junta Directiva no se muestra interesada siquiera en reunirse, ¿en verdad podría interesarles la prevención de la drogación en la ciudadanía?
Lo que quiero decir, es que en este tipo de asuntos hay que nombrar personas, funcionarios verdaderamente comprometidos con su labor, la de prevenir este flagelo, para entonces exigir al Ministerio Público que cumpla la ley, para que se pueda disponer de fondos para la ejecución de programas y proyectos de prevención en el consumo de drogas.
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