Un estudio reciente de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre trabajo forzoso en Rusia, el principal país receptor de trabajadores emigrante en la región, demuestra que los trabajadores emigrantes cuentan con un nivel muy bajo de seguridad social y personal. Menos del 20% tiene un contrato firmado con un empleador. La retención de documentos de los emigrantes es una práctica común, lo cual facilita que el empleador explote y controle al trabajador. Por otro lado, El 12%de los emigrantes están endeudados y bajo la amenaza constante de la deportación o la violencia.

En nuestra región centroamericana, donde países como Costa Rica y Panamá logran captar la mayor cantidad de emigrantes que buscan una plaza de trabajo, esta situación no escapa de la realidad. Existen leyes para castigar la trata y explotación de personas, sin embargo, faltan autoridades que hagan cumplir las mismas.
 
Con la crisis mundial en desarrollo, Panamá ha logrado mantener el crecimiento durante este periodo, si bien menor que el de los años anteriores, lo cual se ha transformado en “imán” de extranjeros que buscan estabilidad social y oportunidad de empleos. Encontramos que países como Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Colombia por mencionar algunos, son los mayores destinos de origines de estos emigrante.
 
El caso de Costa Rica se podría repetir en muchos países de la región, donde tareas mal remuneradas son las que pueden aplicar los emigrantes, debido a la poca escolaridad que poseen. La migración laboral no es un fenómeno reciente, sin embargo, diversos factores han aumentado la proporción. Este fenómeno es poco probable que termine, por ello, la mejor respuesta que puede tener cada Estado es la creación de leyes para regular y legalizar esta actividad, y que como en el caso de Rusia, el emigrante trabajador no se convierta en un esclavo forastero.